México: Sacerdotes en el punto de mira de los cárteles

El poder de los grupos criminales continúa creciendo en México. Los sacerdotes y otros agentes pastorales son también objeto de amenazas e intimidación, pero no dejan de denunciar el crimen y la injusticia que sufre la población, aunque eso pueda costarles la vida.

Patricia Varas  (South World) y P. Francisco Carrera

 

Hay una foto que ha aparecido en medios de comunicación de todo el mundo: El P. Gregorio López Gerónimo, “Goyo”, celebrando misa con un chaleco antibalas. “No tengo miedo, pero el chaleco me protege,” decía el sacerdote señalando los agujeros de bala que dejaron las dos últimas emboscadas que ha sufrido.
El P. Goyo es el párroco de San José Obrero de Apatzingan, una de las ciudades más violentas del estado de Michoacán, en la parte oriental del país. Esa región es llamada “Tierra Caliente” por el caluroso clima, pero ese nombre también se refiere ahora a la actividad criminal controlada por el cártel de los Caballeros Templarios, que secuestran, intimidan, extorsionan y matan a la población local. Muchos de esos criminales quisieran ver al P. Goyo muerto porque el sacerdote no deja de denunciar los vínculos entre las autoridades locales, los hombres de negocios y los traficantes de drogas. Sus acusaciones son muy precisas y sus fuentes son los mismos habitantes de la zona.
“Conozco muy bien cómo funcionan las cosas en esta región y en muchas otras partes del país, donde el único deseo de los niños es convertirse en miembros de las organizaciones criminales para conseguir buen dinero. Si no tomamos medidas contra el crimen ahora, el 50% de la próxima generación estará compuesta por asesinos, mientras que el otro 50% habrá abandonado el país,” afirma el P. Goyo.  
Al menos una docena de sacerdotes están, junto al P. Goyo, en el punto de mira de las organizaciones criminales en el estado de Michoacán. El arzobispo de Morelia, cardenal Alberto Suárez Inda, ha instado a sus sacerdotes a ser extremadamente cautos y a llevar chalecos antibalas. La Policía Federal ha entregado unos 30 de esos chalecos a la arquidiócesis y a varios sacerdotes de las diócesis de Apatzingan, Tacámbaro y Zamora. “Hemos sido intimidados y amenazados por el crimen organizado desde que comenzamos a denunciar la violencia y, sobre todo, desde que hemos empezado a dar los nombres de los criminales a las autoridades,” dice el P. Goyo. Él fue uno de los que acusó abiertamente a Servando Gómez Martínez, cabeza de los Caballeros Templarios, de ser el principal responsable de los asesinatos y desapariciones de varias personas en Tierra Caliente.
El obispo de Apatzingan, Mons. Miguel Partiño Velázquez, fue el primero en denunciar a los narcotraficantes. Desde entonces, los sacerdotes están siendo acosados por las organizaciones criminales locales.
En octubre de 2015, Mons. Arturo Lona Reyes, arzobispo emérito de Tehuantepec, en el sureste del estado de Oaxaca, recibió una llamada telefónica amenazándolo de muerte. El arzobispo es muy conocido en México por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas, por lo que ha sufrido once ataques. Las autoridades locales han tomado medidas para proteger su vida, especialmente tras su condena de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala. Los traficantes de drogas parecen dudar sobre la conveniencia del asesinato de tan querido obispo, porque podría desencadenar una reacción en su contra por parte de la población. Mons. Lona Reyes no tiene miedo y continúa su lucha contra la violencia y el crimen. “Yo pertenezco a los indígenas. Se necesita mucho más que una amenaza para hacerme cambiar,” dice el arzobispo emérito.      
Según la Conferencia Episcopal de México, 42 religiosos han sido asesinados en la última década. De ellos, 39 fueron asesinados abiertamente y los otros tres desaparecieron. Además, 8 laicos, incluido un periodista que trabajada para un periódico católico, han caído víctimas de las organizaciones criminales.

Pastores asesinados en los últimos años

En febrero de 2013, el P. José Flores, de la parroquia de Cristo Rey, en el estado de Colimo, fue apaleado hasta la muerte.
En noviembre de 2013, dos sacerdotes fueron asesinados en el estado de Veracruz: P. Hipólito Villalobos, de 45 años de edad, y P. Nicolás de la Cruz Martínez. La Iglesia local acusa como responsables de sus muertes a los cárteles de la Nueva Generación de Jalisco y Los Zetas.
El cuerpo sin vida del P. Gregorio López Grosotieta, de 39 años, fue encontrado el día de Navidad de 2013 en Colonia Juárez, municipalidad de Tlapehuala, en la diócesis de Ciudad Altamirano. El sacerdote, que era profesor en el seminario mayor de la diócesis, murió asfixiado pocas horas después de su secuestro, que tuvo lugar el día 23 de ese mismo mes.   
En septiembre de 2014 fue asesinado el P. Ascensión Acuna Osorio. Su cuerpo fue encontrado flotando en el río Balsas con señales de tortura. Tenía tan solo 37 años y servía pastoralmente en la diócesis de Ciudad Altamirano, una de las áreas más violentas del país.

Los restos de un misionero comboniano ugandés, P. John Ssenyondo, de 62 años de edad, fueron encontrados en una fosa común el 29 de octubre de 2014 cuando las policía buscaba los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. El P. Seenyondo había llegado seis años antes a Guerrero, después de servir pastoralmente en Tlacotepec. Más tarde fue destinado a la localidad de Nejapa, en el municipio de Chilapa, tras haberse incardinado en la diócesis de Chipalcingo-Chilapa unas semanas antes de su muerte.

Como si fuera un macabro acto de coordinación, el secuestro se había producido el mismo día que se descubrió el cadáver de otros dos sacerdotes de Poza Rica- Alejo Jiménez y Alfredo Juárez, cuyos cuerpos aparecieron tirados en una cuneta atados de pies y manos. La versión filtrada por la fiscalía de Veracruz señalaba que antes de su muerte los religiosos bebieron con otros hombres. En algún momento incierto, el tono de la reunión cambió y los curas fueron asesinados por sus acompañantes. El chófer que trabaja con los captores logró escapar y es el testigo clave de la policía para reconstruir el asesinato.

El día 19 de septiembre de este mismo año se descubrieron los cuerpos, tirados en una cuneta y atados de pies y manos, de los sacerdotes Alejo Jiménez y Alfredo Juárez de la parroquia  de Poza Rica en el estado de Veracruz. Esa localidad es uno de los municipios mexicanos con mayor número de secuestros y homicidios. Solo en agosto de este año fue escenario de 20 asesinatos con armas de fuego.

El mismo día en que aparecieron los cuerpos de esos dos sacerdotes, el P. José Alfredo López Guillén, párroco de la comunidad de Juanamuato en el municipio de Puruándiro (estado de Michoacán), fue secuestrado por unos desconocidos. Su cuerpo sin vida, acribillado a balazos, fue hallado unos pocos días después.

Los estados donde trabajaban los tres últimos sacerdotes asesinados, Michoacán y Veracruz, son dos de los estados más violentos de México y de todo el continente. Michoacán ocupa un lugar estratégico en la ruta del tráfico de drogas y casa uno de los cárteles trata de imponer su ley.

El último caso de violencia contra agentes pastorales católicos tuvo lugar a comienzos del mes de octubre: cuatro jóvenes evangelizadores, pertenecientes al grupo apostólico Arcoíris, fueron torturados y asesinados, de nuevo en el estado de Michoacán. Al parecer, detrás de los asesinatos se encuentra el cártel de Los H-3, una organización que se infiltró en los grupos de autodefensa, de ser el responsable de los asesinatos.

A pesar de los asesinatos y amenazas por parte der las bandas criminales, la mayoría de los agentes pastorales  de esos estados permanecen firmes en su misión evangelizadora  y en la denuncia de la violencia e injusticias que sufre la población a ellos encomendada. Son mártires modernos que dan la vida por su rebaño.

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